Los mecanismos de garantía en la legislación brasileña para productos ecológicos

Los mecanismos de garantía en la legislación brasileña para productos ecológicos

Laércio Meirelles[1]  

Introducción

A finales de los 70 del siglo pasado, surgieron las primeras experiencias de Agricultura Ecológica en Brasil. Las dos décadas siguientes se caracterizaron por el crecimiento de trabajos en la producción y consumo de productos ecológicos que se hicieron presentes en todo el territorio brasileño. Fue sólo en la década pasada que surgieron políticas públicas de apoyo a estas iniciativas, aunque de bajo perfil frente a la fuerte presencia de la agricultura industrial en el escenario nacional.

En la mayoría de los casos, las experiencias se daban en el marco de un fuerte discurso eco-social, en donde siempre se enfatizaba que la Agricultura Ecológica no sólo se trata de producir sin fertilizantes químicos o plaguicidas, sino también de la búsqueda por una relación más armónica entre el ser humano y la naturaleza y por relaciones humanas más justas y solidarias.

Es en ese escenario, muy brevemente descrito en los párrafos anteriores, que a inicios de los años noventa un grupo de personas que producían, consumían o asesoraban las experiencias, no se sentían conformes con la exigencia de que los productos ecológicos debían ser obligatoriamente certificados por una empresa contratada exclusivamente para ese fin.

De la inconformidad inicial se pasó a la construcción de alternativas. En 1993, en la Feria de Agricultores Ecologistas de Porto Alegre, se lanzó el primer sello de “Certificación Participativa – productor-consumidor”.  A lo largo de los años 90 esta iniciativa tomó cuerpo y se consolidó como un debate importante.  En Brasil, la Red Ecovida de Agroecología[2] que se consolida en 1998, pero que de algún modo ya existía desde inicio de los 90, es la responsable principal por liderar ese debate. A nivel latinoamericano, el MAELA – Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe –  propicia los momentos necesarios para el intercambio de esas percepciones y experiencias.

Varios fueron los trabajos de Agricultura Ecológica en Brasil que empezaron a diseñar sus sistemas de certificación participativa. Posteriormente, a raíz de los debates que surgieron a partir del  Seminario Internacional sobre Certificación Alternativa organizado por MAELA e IFOAM[3] en el Sur de Brasil, la denominación más utilizada pasó a ser Sistemas Participativos de Garantía – SPGs.

Ese Seminario puso de manera definitiva el tema sobre la mesa de discusión en el mundo de la Agricultura Ecológica. Así, varios trabajos empezaron a desarrollarse en varias partes del mundo en la misma dirección.

La legislación brasileña para la Agricultura Ecológica

A partir del 2000, en Brasil se retoma la discusión de que la certificación participativa -posteriormente SPGs- debería estar contemplada en el marco legal brasileño sobre Agricultura Ecológica, entonces en discusión. Fueron varios años de negociaciones para encontrar una fórmula que contemplase todos los intereses presentes en la formulación de ese marco legal.

            Como resultado de ese esfuerzo conjunto  se publica la Ley n° 10.831 del 23 de diciembre de 2003. Para detallar la Ley, de carácter muy genérico como suelen ser las Leyes, se tardó más de 4 años, con largos debates y consultas al sector. Finalmente se publica el Decreto nº 6.323 de 27 de diciembre de 2007. Pero aún hacía falta detallar más, y fue el 28 de mayo de 2009 que se publicó la Instrucción Normativa que reglamenta el funcionamiento de los Mecanismos de Garantía en Agricultura Orgánica en todo el territorio nacional.

            Veamos algunos puntos importantes sobre los SPGs que constan en el referido Marco Legal. La Ley 10.831 apenas menciona en los dos párrafos de su artículo 3° que en caso de comercialización directa entre productores y consumidores la certificación no será obligatoria y que para reglamentar la certificación se deberá tener en cuenta los diferentes esquemas existentes en el país.  Sólo en el Decreto, publicado cuatro años después como ya se indicó, se hace mención explícita a los Sistemas Participativos de Garantía definiéndolos como un conjunto de actividades desarrolladas en una determinada estructura organizativa, para asegurar la garantía de que un producto, proceso o servicio cumple con las normas o reglamentos específicos y fue sometido a una evaluación de la conformidad de una manera participativa;

En el desarrollo de la reglamentación de la Ley se llegaron a definiciones que se vuelven un poco confusas para quien no estaba participando de su elaboración, por lo que paso a explicarlas a continuación.

La Ley Brasileña creó el SisOrg - Sistema Brasileño de la Evaluación de la Conformidad Orgánica. El SisOrg tiene un sello que es de uso obligatorio para todos los productos certificados por miembros del SisOrg, que son las OAC y las OPACs. OAC es la sigla en portugués para Organismos de Evaluación de la Conformidad mientras que OPAC significa Organismos Participativos de Evaluación de la Conformidad. Un y otro son, respectivamente, la personalidad jurídica de la certificación por tercera parte y de los SPGs.

Existe una tercera forma para que los productos ecológicos lleguen al  mercado como tal, pero sólo es válida para el caso de comercialización directa que también es definida por la Ley. Son las OCS – Organizaciones de Control Social. Las OCS no poseen necesariamente personería jurídica y se caracterizan por ser un agrupamiento de agricultores ecológicos que deben describir como garantizan de manera solidaria a sus productos, debiendo hacer llegar al Ministerio de la Agricultura la descripción del método junto con un padrón de participantes indicando nombre, dirección y firma de todos los que integran la OCS. Las OCS no son  parte del SisOrg, por lo tanto, no pueden utilizar el sello nacional en sus productos.

Estos tres mecanismos de garantía deben basarse en las Normativas Nacionales para definir la calidad orgánica de un producto o servicio.

Interpretando lo escrito

Todo lo indicado está en el marco legal. Pero una mirada atenta de quien trabaja de cerca con los SPGs, observará que las OCS poseen los elementos claves de un SPG en su manera de funcionar: productores organizados garantizando de manera clara y solidaria la calidad de sus productos, basándose en las mismas normativas que cualquier otro sistema de garantía.

A continuación un gráfico que nos ayuda a entender mejor.

        Como está en el marco legal brasileño de la Agricultura Orgánica:

  Una descripción conceptual más precisa basándose en las experiencias que se desarrollan en diferentes realidades, sería:

Nos parece importante aclarar esta manera de distinguir los mecanismos de garantía dado que la Ley Brasileña es continuamente utilizada como referencia por otros países que tienen interés en legislar el tema. Asimismo, es también importante indicar que tenemos la percepción de que mantener las OCS fuera del SisOrg es un error que con el tiempo será corregido por nuestros legisladores.

Algunas conclusiones

Recién a principios de 2011 el marco legal brasileño se hizo presente en la vida de la sociedad. Es poco tiempo para una evaluación más precisa de sus aspectos positivos y negativos. Sin embargo, algunas primera impresiones se pueden compartir:

1.    No hay inconvenientes en incluir los SPGs en la legislación. Conocemos que en otros países latinoamericanos hay muchas veces el temor de que esa inclusión podría tener influencia negativa en las exportaciones, ya que los SPGs no son reconocidos por los principales países importadores de productos ecológicos. En Brasil no hemos sentido ningún efecto de esa naturaleza;

2.    No es necesario basarse en la certificación por tercera parte para legislar a los SPGs, camino natural debido a que existen más referencia concretas de Leyes que incluyen la metodología de tercera parte. Esa mezcla puede confundir más que ayudar. Son dos metodologías diferentes y ambas han demostrado de manera práctica sus fortalezas y debilidades. Las legislaciones deben ser construidas a partir de las referencias concretas de las distintas metodologías existentes en el país;

3.    Crear múltiples posibilidades legales de reconocimiento del producto ecológico es un muy buen camino para popularizar y masificar su producción y consumo. El consumidor puede tener la palabra final sobre el método que más le convence y conviene.

No tenemos duda que las legislaciones, vigentes o aún en elaboración, sobre Agricultura Ecológica en el continente van reconocer a los SPGs. Las leyes suelen regular los hechos sociales, y los SPGs ya lo son en muchos países. Esperamos y trabajamos para que se hagan por buen camino respetando lo que ocurre en el seno de la sociedad.

                                                                           

Torres, verano de 2012.

[1] Ingeniero Agrónomo. Coordinador del Centro Ecológico Ipê, Don Pedro de Alcántara, Porto Alegre, RS. Brasil. El Centro Ecológico Ipê es una ONG que desde 1985 trabaja con accesoria y formación en Agricultura Ecológica. [2] La Red Ecovida de Agroecología se autodefine como un espacio de articulación entre agricultores familiares y sus organizaciones, organizaciones de asesoría y personas involucradas y simpáticas con la producción, procesamiento, comercialización y consumo de alimentos ecológicos.  [3] Abreviación en inglés para Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica.

Sistemas Agroalimentares: humanizar é possível.

Sistemas agroalimentares: humanizar é possível

Laércio Meirelles[1]

 

  “Por favor, você poderia me dizer por qual caminho devo seguir?”, perguntou Alice.

   “Isto depende muito de onde você quer chegar”, disse o gato.

Elias Evaldt, 25 anos, é agricultor, filho de Valdeci e Zelma Evaldt e irmão de Marta, 24 anos, e Messias, 22 anos. Todos trabalham na mesma unidade produtiva, localizada na comunidade de Três Passos, município de Morrinhos do Sul, Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Eles também são sócios fundadores da Associação dos Produtores Ecologistas de Morrinhos do Sul (Apemsul).

Hoje, o dia começou cedo para Elias, o que não foi uma exceção. Normalmente, ele acorda cedo para cuidar da horta, cultivada segundo os princípios da Agroecologia, trabalhar no bananal, manejado como um sistema agroflorestal, processar parte da sua produção na agroindústria de um companheiro de outra associação, embalar produtos que serão entregues em escolas e nas cooperativas de consumidores ecologistas da região e ainda participar todos os sábados da feira de agricultores ecologistas de Torres. São tantas tarefas que obrigariam qualquer um a espantar a preguiça e pular da cama nos primeiros raios de sol.

Elias Evaldt colhendo açaí

Dentre todas essas atividades, neste quatro de julho, Elias elegeu focar seu trabalho no açaí da mata atlântica ou, para ser mais preciso, no fruto da palmeira juçara (Euterpe edulis). 

Quase extinta devido à extração ilegal do palmito, a palmeira juçara é para a Mata Atlântica uma espécie considerada guarda-chuva: alimenta mamíferos e pássaros que atuam como dispersores de sementes e é fundamental para a preservação de um dos biomas mais biodiversos e ameaçados do planeta. Devido a sua importância, e também pela boa sinergia com bananeiras, nos últimos 18 anos diversos trabalhos implementados pela ONG Centro Ecológico[2] e outras entidades viabilizaram a multiplicação do número de indivíduos da espécie no Litoral Norte gaúcho e no Sul de Santa Catarina. Em pouco mais de dez anos, foram plantados cerca de 50 mil pés de palmeira juçara na região.

O fruto da juçara produz uma polpa quase idêntica à do açaí (Euterpe oleraceae), tão conhecida no Norte do país. No Sul, a descoberta de que os frutos da Euterpe edulis poderiam ser despolpados e processados partiu da observação da tiradeira de açaí paraense Edith Pessete. No final da década de 1980, ela adaptou os conhecimentos daquela região e começou a fazer a polpa do fruto da palmeira juçara no Litoral Norte catarinense. Atualmente, essa prática vem se difundindo em boa parte da região de Mata Atlântica onde a espécie está presente.

Voltando à família Evaldt, a tarefa de Elias hoje foi colher os frutos da juçara e levá-los para serem despolpados na Agroindústria Morro Azul, que fica a 25 km de sua casa, na comunidade de mesmo nome, no município de Três Cachoeiras, também no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

A Agroindústria Morro Azul pertence à família Becker. Os pais, Isaías e Rosimeri, e as filhas Anelise, 22 anos, e Joana, 11 anos, são agricultores familiares e há 20 anos ajudaram a fundar a Associação dos Colonos Ecologistas da Região de Torres (Acert). Anelise é casada com Marcelo, que se integrou à família Becker. Eles se conheceram durante suas atividades de militância na Pastoral da Juventude Rural.

Nessa agroindústria, são processados dezenas de produtos oriundos não só da unidade produtiva da família Becker, mas também de outros membros da Acert e de outras associações de agricultores ecologistas da região. É o caso dos frutos da palmeira juçara pertencentes à família Evaldt que ali são selecionados, lavados, despolpados, embalados e armazenados em uma câmara de congelamento.

Vários podem ser os destinos dessa polpa de açaí. Amanhã ou depois, Elias mandará uma parte para a Cooperativa de Consumidores de Produtos Ecológicos de Três Cachoeiras (Coopet), que fica na sede do município, a 10 km da agroindústria. A Coopet foi fundada em 1999, a partir da iniciativa de um grupo de consumidores que buscava ter acesso a alimentos de qualidade, produzidos por agricultores ecologistas da região. Seu exemplo influenciou o município vizinho de Torres, onde desde 2000 funciona a EcoTorres.

Na mesma viagem para deixar a polpa na Coopet, Elias fará uma entrega para a Econativa, uma cooperativa de agricultores ecologistas que, dentre outras atividades, vende açaí da mata atlântica para as escolas da região. Na merenda escolar, obrigatória em todas as escolas públicas do país, as crianças de Três Cachoeiras e outros municípios do Litoral Norte do Rio Grande do Sul e do Sul de Santa Catarina consomem suco de açaí com banana orgânica três vezes por semana.

No sábado, Elias irá a Torres, que fica a 40 km de sua propriedade. Levará duas a três dezenas de diferentes produtos para serem vendidos na feira. Inaugurada em 2000, a Feira Ecológica da Lagoa do Violão é resultado de uma parceria entre o Centro Ecológico, agricultores ecologistas da região e a prefeitura municipal. Nela, cerca de doze famílias vendem semanalmente seus produtos para um universo de mais ou menos 200 consumidores, movimentando entre três e quatro mil dólares por sábado. Aproveitando a ida a Torres, Elias deixará alguns produtos na EcoTorres. Dentre eles, o açaí. E assim a vida segue: o descanso possível no domingo, o recomeçar necessário na segunda.

Aos sábados pela manhã, Gabriel Barros, 16 anos, morador de Torres, tem um compromisso: comprar açaí na Feira da Lagoa do Violão. Ele é um ativo praticante de jiu-jítsu e, ao menos uma vez por dia, faz uso do fruto da juçara. Quando perde a hora da feira, Gabriel recorre à EcoTorres, da qual seus pais são sócios. Eles e Gabriel também são clientes assíduos de Elias.

A polpa de açaí foi disseminada pelo país e no exterior principalmente quando combinada com banana e xarope de guaraná, formando um tipo de “vitamina” ou “batida”. Essa receita foi desenvolvida por Carlos Gracie, grande mestre de jiu-jítsu, de acordo com os princípios da “Dieta Gracie”, que consiste na combinação adequada dos alimentos de forma a manter o pH das refeições o mais neutro possível. Com o aval desse atleta, é natural que o açaí tenha se transformado no alimento preferencial dos adeptos dessa modalidade de luta. Em Torres, a academia Lótus, onde Gabriel treina, consome mais de 30 kg por semana, comprados na feira ou na EcoTorres.

Quando compram açaí, os membros da academia Lótus estão buscando um alimento nutritivo e energético, que os ajude a melhorar seu desempenho. Como brinde, colaboram para preservar uma espécie em extinção, contribuem para o sequestro de carbono pelos sistemas agroflorestais – o que minimiza o efeito estufa –, reduzem a quantidade de agrotóxico no prato e no meio ambiente, poupam quilômetros de circulação dos produtos que consomem e ainda garantem melhor remuneração para o agricultor familiar. Em suma,  ajudam a construir um desenho alternativo ao sistema agroalimentar globalizado.

Nas últimas décadas, a produção, o processamento, a distribuição e a comercialização de alimentos se concentraram como nunca. Grandes empresas passaram a dominar o chamado sistema agroalimentar mundial. Como consequência, monocultivos com sementes geneticamente modificadas e agroquímicos; processamento em escala cada vez maior e utilizando cada vez mais aditivos, colorantes e conservantes; distribuição globalizada, aproveitando-se de subsídios e especulando com o preço dos alimentos; e varejo concentrado em poucas empresas transnacionais, com preços oligopolizados.

Para o agricultor familiar, muitas vezes sobram a concorrência injusta e os baixos preços pagos pelos complexos agroindustriais ou pelas grandes redes varejistas. Os consumidores, por sua vez, ficam com produtos industrializados, distantes de suas características naturais, com pouco sabor e baixa qualidade biológica. Além disso, arcam com preços substancialmente multiplicados, em relação aos pagos ao agricultor.

Mas tem gente, muita gente, reescrevendo essa história, buscando mudar suas realidades. Gente que quer fazer de suas ações cotidianas uma forma de preparar outros sistemas de produção, transformação, distribuição e consumo de alimentos. Ou gente que simplesmente gosta de produzir de forma ecológica, que quer ganhar um pouco mais agregando valor à sua produção primária. Também pode ser gente que quer ver seus alunos e familiares comerem bem ou que quer viver melhor, consumindo alimentos naturais e nutritivos como o açaí. Todas essas pessoas contribuem, cada uma à sua maneira, para redesenhar o sistema agroalimentar mundial.

São pessoas como Elias, Isaías, Gabriel e suas famílias. Como os agricultores da Apemsul, da Acert e da Econativa. Gente como os consumidores da EcoTorres e da Coopet ou como os sócios e técnicos da ONG Centro Ecológico. Ou ainda pessoas como os alunos, professoras e merendeiras das escolas de Três Cachoeiras e região, da Feira Ecológica da Lagoa do Violão, seus organizadores e consumidores, sem esquecer dos praticantes de jiu-jítsu da academia Lótus.

Que bom que esses exemplos, bons exemplos, não estão apenas no Litoral Norte do Rio Grande do Sul ou no Sul de Santa Catarina. Que bom que eles se multiplicam em centenas de nem tão pequenas experiências, em todos os estados do país, em todos os países do continente. Que bom que, apesar da pressão cultural e econômica das grandes corporações do setor, e mesmo sem apoio mais incisivo por parte das leis e políticas que regem o sistema agroalimentar, milhares de pessoas buscam, de forma individual e coletiva, aumentar sua capacidade de decidir o quê e como produzir e consumir.

Como já alertamos em outras ocasiões, articular essas experiências e reforçá-las com políticas de apoio, multiplicando ideias e ideais que as alimentam, é o caminho para transformá-las em números estatísticos mais significativos. Exemplos admiráveis elas já são.

Torres, Julho de 2011

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[1] Engenheiro Agrônomo. Coordenador do Centro Ecológico Ipê, ONG que desde 1985 trabalha com assessoria e formação em Agricultura Ecológica.

[2] www.centroecologico.org.br

Regulación de los Sistemas Participativos de Garantía en Brasil

Estúdio de caso:

Regulación de los Sistemas Participativos de Garantía en Brasil 

Laércio Meirelles

Introducción

En el año 2004, las personas representantes de varias iniciativas de certificación de la producción ecológica no adscritas a la certificación por tercera parte, se reúnen en un seminario internacional de “certificación alternativa”, organizado por MAELA e IFOAM en Torres (Rio Grande do Sul, Brasil). Provenientes de 21 países y con contextos diferentes, estas iniciativas, convergen, no obstante, en unos principios y valores comunes. Desde entonces, estos sistemas de certificación de la producción ecológica pasan a compartir un marco de trabajo y reciben la apelación de “Sistemas Participativos de Garantía” (SPG en adelante).

         A partir de ese encuentro,  se inicia un trabajo de cooperación en red entre los distintos SPG  con el objetivo de fortalecer estos sistemas y, por ende, el sistema ecológico de producción y la estrategia de comercialización, prioritariamente local, en los que se desarrollan. Este fortalecimiento de dichos sistemas pasa también por el reconocimiento legal de los mismos.

Brasil, pionero en los SPG, ha sido también el primer país en incorporarlos en su legislación relativa a la producción orgánica, otorgándoles el mismo rango de validez que al sistema por tercera parte.

A continuación se realiza una breve sistematización del proceso desarrollado en Brasil para la inclusión de los SPG en la regulación de la producción orgánica. Este estudio de caso tiene como objetivo destacar los elementos claves del proceso con el objetivo de permitir eventuales extrapolaciones y adaptaciones a otras iniciativas de regulación que surjan en otros países.

 Antecedentes

Cuando, en 1994, el gobierno de Brasil (a través del Ministerio de Agricultura – MAPA) toma las primeras iniciativas para la regulación de la producción orgánica, el sector orgánico del país cuenta con varias voces cuya discordancia principal se centra alrededor de los sistemas de garantía:

a)      Una parte del sector solo reconoce como válida la certificación por tercera parte ya que duda de la validez de la certificación participativa como sistema de garantía.

b)      La otra parte exige la incorporación de los demás esquemas de garantía existentes en la legislación nacional y se apoya en la base social de miles de agricultores que los defienden.

La relevancia y transcendencia del debate generado en torno al sistema de certificación de la producción orgánica es tal que  estimula la organización de la parte del sector orgánico propulsora de otros sistemas de evaluación de la conformidad. En diferentes regiones del país surgen experiencias de certificación participativa[1]. La mayoría en el sur del país. La articulación entre esas diferentes experiencias lleva a la conformación de la Red Ecovida de Agroecologia, en 1998, formada por agricultores familiares, asesores y consumidores de los tres estados localizados en el Sur.

El desencuentro entre ambos sectores sobre el/los sistemas de certificación a regular impide llegar a un acuerdo por lo que la regulación del marco legal global del sector, la ley de agricultura orgánica, no ve la luz y el proceso de regularización para por algunos años.

Actores

En octubre de 2002, se realiza el primer ENA - Encuentro Nacional de Agroecología, con el objetivo de dar mayor visibilidad a la agroecologia, bien como integrar los distintos actores de ese campo. A partir de este encuentro, una parte representativa del sector orgánico nacional crea un grupo de trabajo, el Grupo de Agricultura Orgánica (GAO), formado por productores, comercializadores, ONGs, certificadoras y sectores de la administración federal. El GAO surge para buscar un consenso que permitiese crear y redactar la ley de la agricultura orgánica.

Proceso

Para sobrepasar el statu quo generado por la falta de acuerdo en los sistemas de certificación a regular, el Estado delega en el GAO la búsqueda del necesario consenso del sector orgánico global que permitirá definir la ley de Agricultura Orgánica de Brasil. Luego de intensas conversaciones y de más de un año de trabajo ese consenso es alcanzado y la Ley es publicada.

 la reglamentación de la Ley el Estado, a travez del Ministerio de la Agricultura (MAPA) invita al GAO para organizar de manera conjunta diversos grupos de trabajo organizados por temáticas específicas.

La certificación participativa cuenta con un grupo  propio. El objetivo de estos grupos de trabajo es definir el decreto y las instrucciones normativas que especifican los conceptos de la ley.

El MAPA se responsabiliza de la coordinación de los resultados de los diferentes grupos de trabajo, y de darles el formato necesario para constituirse en el marco legal.

Durante los trabajos, tres argumentos principales han sido utilizados a favor de incluir los SPGs en el Marco legal de la Agricultura Orgánica:

i)                        la necesidad de tener un sistema de garantía más acorde con la realidad social, cultural y económica de la agricultura familiar;

ii)                       evitar hacer de la certificación una traba para el desarrollo del mercado local;

iii)                   no haber contra indicaciones al hecho de incluir los SPGs en la legislación.

 Resultados

La ley fue aprobada en diciembre de 2003 (Ley 10831 de 23 de diciembre 2003.) y el decreto regulador de la ley – que incluye los SPG – es firmado cuatro años después. Es el Decreto 6323 de 27 de diciembre de 2007. La aplicación para los SPG queda recogida en la Instrucción Normativa nº19, de 28 de mayo de 2009.

En ese marco normativo se crea el Sistema Brasileiro de Evaluación de la Conformidad Orgánica (SisOrg) que dispone de un sello propio para identificar la producción orgánica y se validan[2] los sistemas de certificación siguientes:

-          la certificación por tercera parte

-          los Sistemas Participativos de Garantía

A su vez, la legislación reconoce dos tipos de SPG en Brasil:

- los sistemas formales: Organismos Participativos de Evaluación de la conformidad (OPAC) que son los recogidos en el SisOrg.

- los sistemas informales: las Organizaciones de Control Social[3][4] (OCS) no integradas en el SisOrg.

La ley entra en vigor en la fecha de su publicación  y el plazo máximo para que todos se adapten a ella es diciembre de 2010.

En Brasil, los productores certificados  por un SPG gestionados por OPACs obtienen el mismo sello que aquellos que han elegido ser certificados por Organismos de Certificación que aplican el sistema de certificación por tercera parte.

Metodología

El GAO, tenía como objetivo realizar una propuesta legislativa que atendiese a los distintos intereses/perspectivas del sector orgánico.  Es a partir de él que surge el espíritu de la legislación brasileña de AO. El sector interesado en promover los SPGs contó con trabajo de todos los involucrados y algún apoyo financiero del Estado para sufragar los gastos ocasionados por:

a)      parte del asesoramiento técnico y académico para la sistematización de los SPG.

b)      parte del asesoramiento profesional en legislación y certificación de procesos industriales.

Las demandas y propuestas del GAO sobre SPGs se basan en una sistematización de tres experiencias de SPG que sirvieron de base para la redacción de los textos legales solicitados.

Claves del proceso

La sistematización del proceso realizada desde una observación participante, permite destacar tres elementos clave para su éxito. Son los siguientes:

1)      La capacitación técnica de las personas encargadas de la negociación. Se realizó mediante la sistematización de los procesos de SPG con la participación incluso de doctorandos[5] en el tema.

2)      Una visión externa obtenida mediante contratación de consultorías especializadas y ajenas al mundo orgánico. Se contó con la participación de un certificador de procesos industriales y de un abogado de derechos del consumidor.

3)      Una comunicación fluida entre las bases participantes, los asesores y el gobierno coordinador.

El contexto especifico en lo cual se desarrolló el proceso de constitución de la Ley de Agricultura Orgánica en Brasil es, obviamente, propio y no puede reiterarse de manera idéntica en otros países. Sin embargo, analizando las circunstancias que rodean este mismo proceso en otros países, cabe señalar que algunas condiciones de ámbito general se han dado en varios procesos. Destacamos tres:

I)        La necesidad de generar sistemas de certificación mas acordes con la realidad de la agricultura familiar/campesina/indígena, desde un punto de vista social, cultural  y económico;

II)      La presencia de sectores de la sociedad dispuestos a colaborar para esa reglamentación en bases más amplias y autóctonas;

III)    Gobiernos dispuestos a crear leyes que reflejen la realidad existente en la sociedad;

Esas tres condiciones pueden ser consideradas sine qua non para un proceso de Reglamentación de la Agricultura Orgánica que incluya los SPGs.

Marzo de 2010.

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[1] Ahora SPG

[2] Párrafo 2º del artículo.3º de la Ley 10831 de Agricultura Orgánica

[3] Párrafo 1º del artículo 3º de la Ley 10831 de Agricultura Orgánica.

[4] Las OCS:

-          son grupos de productores con o sin personalidad jurídica creados para la comercialización directa que se amparan en el artículo 3 que afirma que no es necesario la certificación para la comercialización directa.

-          deben declarar su conformidad a la Instrucción Normativa 64 y deben inscribirse en el registro correspondiente, gestionado por el MAPA, donde deben aportar el nombre del OCS, y el nombre y documento de identidad de los participantes, así como incluir una descripción de su mecanismo de control social.

[5] MEDAETS, JEAN PIERRE PASSOS - A construção da qualidade na produção agrícola familiar: sistemas de certificação de produtos orgânicos, 213 p., 297 mm, (UnBCDS, Doutor, Gestão e Política Ambiental, 2003). Tese de Doutorado – UNB. Centro de Desenvolvimento Sustentável. y FONSECA, Maria Fernanda de Albuquerque Costa. A institucionalização dos mercados de orgânicos no mundo e no Brasil: uma interpretação. Seropédica: UFRural/RJ. ICHS. CPDA. 2005. 476p.